Las redes sociales no son un espacio privado, sino un espacio público. Todas ellas, sin excepción. Y lo son sin matices: como la calle, como los parques y las plazas, como el espacio radioeléctrico, como el conocimiento humano. Lo privado no es el espacio, sino las ventanas por las que accedemos a él: igual que son privadas las emisoras que usan el espectro radioeléctrico o las imprentas en las que ponemos negro sobre blanco el conocimiento humano.
Esas ventanas están en manos de cibermagnates que no solo pueden permitirnos o coartarnos la participación en ese espacio público, sino que además administran nuestra atención con focos personalizados que no controlamos: iluminan unas zonas, aquellas en las que quieren tenernos, y mantienen en penumbra otras que les interesa menos que frecuentemos.
En definitiva, participamos en ese nuevo (ya no tanto) espacio público a través de puertas y ventanas privadas. Hace unos años decíamos, con cierta bisoñez, que las redes eran una nueva plaza pública, un ágora en la que desarrollar nuestra actividad política, cultural, económica, ciudadana. Veinte años más tarde ya sabemos que esas ventanas no nos abren el conjunto de la plaza: nos dan acceso, sobre todo, a lo más sórdido.
Es como si en los parques solo hubiera criminales, en las radios solo vociferaran energúmenos y en las imprentas solo se imprimieran manuales de terrorismo urbano. Pero no es así: la policía garantiza la seguridad en las calles, el espectro radioeléctrico está sometido a un régimen de concesión pública orientado al interés general, y la imprenta está sometida a una legislación que impide que se use para delinquir.
¿Por qué las redes sociales no? ¿Por qué aquí parece que la “solución” es no acceder, o directamente prohibir el acceso a los menores, como si la derrota fuese inevitable?
Mi amiga Laura lo expresó con gran claridad en una conversación reciente (y me hizo cambiar de opinión): no quiere prohibir a sus hijos entrar en las redes “porque hay peligro”; quiere que puedan entrar sin que el sistema les empuje hacia la basura, el acoso o la captación más sectaria que ideológica. Y ahí está el punto central.
¿Aceptaríamos no salir a la calle porque hay peligro? No. Porque el debate no es prohibir o no prohibir: el debate es cómo regular las redes para garantizar dos cosas básicas, libertad de expresión y seguridad de los usuarios. Y, aunque haya poderosos intereses al otro lado del Atlántico con lobbies, embajadas y franquicias mediáticas y políticas en Europa empeñados en vendernos la regulación como censura, en realidad no es tan difícil.
Con las redes hemos aceptado un marco absurdo que nos deja solos ante el poder de las plataformas: que el “delincuente” es un problema secundario (o incluso alguien que ejerce su libertad, como parece decirnos Pavel Durov) y la plataforma es un simple cable. Y son el menor y su familia, solos y sin amparo alguno del Estado democrático, quienes deben gestionar un entorno que está diseñado industrialmente para capturar atención, amplificar extremos y monetizar el conflicto.
Y no olvidemos que ese poder, el de las plataformas, reside en un pequeño grupo de individuos que están librando en estos momentos un pulso inclemente para doblar el brazo de las democracias, para volver atrás en decenas de años de civilización y conquistas sociales y políticas.
Hay una analogía que lo ordena todo: la imprenta
Pavel Durov, en un acto claro de abuso de un poder que tiene y que no le corresponde, mandó el otro día un mensaje a toda la ciudadanía española, atacando al gobierno legítimo. No lo hizo porque le preocupen la infancia y la juventud. Lo hizo porque el Gobierno español quiere regular las redes sociales y someterlas al imperio de la Ley.
Y es que el mejor antídoto contra esa suerte de chantaje emocional que hacen, sorprendentemente, los cibermagnates cantando a coro que los gobiernos europeos quieren ser vigilantes e implantar la censura, es recordar una obviedad: quienes acusan a los gobiernos de vigilarnos son precisamente quienes más nos vigilan y más datos acumulan sobre nosotros, de la manera más opaca y haciendo uso de las artimañas más abusivas.
¿Cómo funciona la imprenta en nuestras democracias? O mejor: ¿cómo se garantizan en las democracias occidentales la libertad de expresión, la ausencia de censura y la seguridad en el ámbito de la imprenta? En la mayoría de las democracias occidentales no existe “licencia previa” general para imprimir, es decir, no hay censura previa, pero sí existen obligaciones de trazabilidad y responsabilidades tras la publicación. O sea: no hace falta permiso para imprimir nada, pero si lo haces, debes garantizar la trazabilidad de la responsabilidad, y se exige saber quién imprime algo y que asuma las consecuencias si hiciera algo ilegal por ese medio. Eso no es censura ni vigilancia. Eso es democracia clásica. Puro liberalismo.
Hay tres aspectos de la legislación de la imprenta que rige en nuestras democracias, al menos en las europeas, que podrían trasladarse fácilmente al ámbito de las redes:
A) Depósito legal (registro y conservación pública)
España: la Ley 23/2011 fija quién está obligado a pedir el número de depósito legal (editor como obligado principal; si no, impresor/productor, etc.). Esto es trazabilidad institucional: identificar la obra y su cadena de producción.
Francia: el depósito legal es obligatorio y además hay “mentions obligatoires” (menciones obligatorias) en la publicación, incluyendo datos del editor y del impresor, entre otros.
B) “Pie de imprenta” / “imprint” (identificación del responsable)
En Reino Unido, el concepto de “imprint” existe muy claramente en propaganda electoral impresa (y ya también digital): el material debe incluir quién lo publica y quién lo promueve. Cualquier impreso es rastreable sin que eso “mate la democracia”.
C) Responsabilidad por ilícitos (difamación, incitación, etc.)
Esto es el corazón del paralelismo: la libertad de expresión en imprenta nunca significó “impunidad”. Significó ausencia de censura previa general, junto a responsabilidad posterior e identificación. Y por eso el ecosistema impreso fue compatible con democracia.
Es decir, trazabilidad, en el sentido literal: depósito legal, registros, identificación de quién edita y quién imprime. Y responsabilidad, en el sentido civil y penal: si alguien publica una difamación, una estafa o una incitación, responde. No porque el Estado decida qué ideas son aceptables, sino porque hay límites: los que impone la Ley.
Y en esta analogía, los impresores ocupan el papel que en las plataformas digitales ocupan los cibermagnates. Salvando las distancias económicas, sociales y de influencia, claro. Pero seguro que nadie se imagina a un impresor ocultándole a un juez cuál de sus clientes le encargó la impresión de un catálogo de prostitución infantil. Pues eso es, literalmente, lo que exige Pavel Durov, y además lo que de hecho se niega a hacer, y por eso tiene causas abiertas en Europa.
El salto cualitativo: el algoritmo no imprime, pero empuja, enfoca y amplifica
La comparación con la imprenta no es un capricho, como vemos. Pero hay algo en las plataformas de redes sociales que da un giro de tuerca: no solo “publican” o “alojan” contenidos. También los recomiendan, centran la atención en aquellos que les convienen y los amplifican. Premian y castigan. Crean recorridos. Diseñan experiencias para que cada uno de nosotros y nosotras sigamos dentro y, además, cada vez más aislado en burbujas: esos caminos y esas experiencias se diseñan prácticamente a medida de cada uno de nosotros. Y los supuestos guardianes de la libertad que claman contra el Estado vigilante llevan casi 20 años vigilando todas y cada una de las parcelas de nuestra vida, realizando perfiles detallados para saber qué deben ofrecernos, cómo y cuándo, y así mantenernos atentos, aislados y conectados a ellos a través de un cordón umbilical de unos y ceros.
La imprenta no le metía a un adolescente, en bucle, quince vídeos seguidos de “humillación”, “dominancia”, “odio”, “cuerpo perfecto”, “las mujeres son esto”, “los inmigrantes son aquello”, “el mundo está contra ti”, y luego le sugería “más de lo mismo” porque eso aumenta el tiempo de pantalla, la facturación publicitaria, pero sobre todo el poder real de las plataformas: un poder que no tiene orígenes democráticos pero que, en muchos casos, ya es mayor que el de muchos Estados.
Europa y el giro regulatorio
Europa quiere regular las redes sociales, no para limitar la libertad de los usuarios y las usuarias, sino para moderar el poder de estas entidades corporativas supranacionales que ya están tornando en poderes postdemocráticos que son el colchón de un autoritarismo que es, en la misma medida, viejo y nuevo.
Europa ha empezado a asumir, por fin, que esta infraestructura requiere reglas. No lo hace por capricho: lo hace porque el experimento de la autorregulación ha fracasado estrepitosamente. La Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) son los primeros pasos de un marco que obliga, no que sugiere: trazabilidad de contenidos, identificación de todos los actores, transparencia de los algoritmos y de los procedimientos de moderación, retirada de contenidos ilícitos y protección reforzada de menores y colectivos vulnerables.
¿Los resultados? Meta multada con 1.200 millones por vulnerar la privacidad de los europeos. X/Twitter expedientada por incumplir la DSA en moderación de contenidos. TikTok bajo lupa por su adicción algorítmica dirigida a menores. No son gestos simbólicos: son advertencias.
Esto no debería sorprender a nadie. Los estados democráticos regulan alimentos, medicinas, transportes, telecomunicaciones, seguridad industrial, la propia imprenta… ¿De verdad vamos a considerar “sagrado” el único sector que hoy define la salud mental de adolescentes, la calidad del debate público, el acceso al derecho a una información veraz y la velocidad de propagación del odio?
Y es bien fácil. Simplemente, hay que ver cómo tratamos la imprenta, porque es lo mismo. Y todo se puede resolver con un simple QR.
Trazabilidad del contenido como estándar básico. En el mundo impreso existe un “pie de imprenta”: quién publica, quién edita, quién imprime. En digital, esto debería traducirse en trazabilidad verificable. Una propuesta razonable es exigir que determinados contenidos con potencial de gran difusión (por ejemplo, campañas, anuncios, piezas virales pagadas o material político) tengan un identificador trazable: un QR, un sello, una firma o un certificado digital. Si circula masivamente, debe poder saberse quién está detrás. Y si una plataforma distribuye masivamente contenido no trazable, debe asumir sus responsabilidades civiles y sus directivos, llegado el caso, las penales.
Identificación real de usuarios, custodiada, no pública. Si para abrir una cuenta bancaria, para contratar la luz o para comprar un billete de avión… ¿por qué no vamos a tener que identificarnos de manera fidedigna cuando abrimos una cuenta en una red social? No olvidemos que, como hemos señalado antes, son las puertas y las ventanas a través de las cuales accedemos a un espacio público. Si un policía nos puede pedir en la calle que nos identifiquemos con el DNI, ¿por qué en las redes no, cuando, además, estamos viendo que las redes son mucho más peligrosas que la calle?
Lo que no puede ser es que el Oso Yogui organice una cacería de inmigrantes en no sé qué barrio o Pepe Gotera lance una campaña de acoso contra un periodista y no haya forma de reclamarle sus responsabilidades penales, porque en ambos casos se cometen delitos y se perjudica a personas.
La identidad puede y debe estar custodiada por procedimientos garantistas y solo accesible bajo control judicial cuando se comete un delito. Eso no es distopía: es cómo funcionan muchas áreas de la vida civil. Y el control de IPs no es suficiente. Es como si la policía me pidiera el DNI y yo le diera el número de teléfono que tuvo mi padre diez años antes para que tire del hilo.
Auditoría y límites a la amplificación algorítmica. No para decidir qué ideas son buenas o lo que tenemos que pensar o decir, sino para auditar riesgos, incentivos y efectos. Si una plataforma obtiene beneficios amplificando odio, polarización y captación de menores, el problema no es un usuario individual, es el diseño del sistema. Ahí debe entrar la regulación: transparencia, auditorías independientes, obligación de mitigación y sanciones si se incumple. Sería algo equivalente a la obligación que tienen los productores de alimentos de etiquetar todos sus ingredientes y nadie dice que porque se obligue a declarar el porcentaje de azúcar que hay en un refresco el Estado se está metiendo en lo que debemos beber. Bueno, algunos sí lo han dicho, pero ese es otro problema.
La imprenta tiene el pie de imprenta. La radio tiene un régimen de concesiones administrativas. La calle tiene policía. El algoritmo todavía no tiene nada de eso.
Yo antes era partidario de prohibir las redes a los menores. Mi amiga Laura me convenció de que estaba equivocado: el debate no es prohibir o no prohibir, sino exigir que las redes sean seguras. No queremos calles vacías y tristes. Queremos calles limpias, alegres y habitables. Ese es el verdadero debate.