-¡Váyanse a otro lado a abortar!
Ayuso mugivit.
Y Óscar López, secretario del PSOE madrileño, con esa voz que tiene de contenido barítono verdiano, le preguntó asombrado:
—¿Pero a dónde, a Londres o a Quirón?
Menudo inocentón, el tal López. La presidenta se refería claramente a Quirón, la multinacional sanitaria que es la única clienta de su presunto novio, tan presuntamente mangante como presuntamente defraudador y presuntamente humano. Con su bramido parlamentario, Ayuso no solo estaba provocando. Estaba, sobre todo, redactando un plan de negocio. Porque en el Madrid de la libertad de Ayuso y sus baretos, la objeción de conciencia no es una convicción moral: es una mecánica de mercado.
¿Saben ustedes cuántos abortos se practicaron en la sanidad pública madrileña en 2024? Setenta y ocho. Sí, ha leído bien: setenta y ocho (78, LXXVIII) sobre un total de algo más de veintiún mil. El 0,4%.
En Galicia, donde también gobierna el Partido Popular, el 77% de los abortos se realizan en hospitales públicos. ¿Significa eso que los médicos madrileños tienen un corazón más grande, un alma más pura y una sensibilidad más delicada que sus crueles colegas gallegos, que no dudan en dar matarile a los nasciturus con sus propias manos enguantadas y sin problema de conciencia alguno? Pues no. Lo que tienen los médicos madrileños, en muchos casos, son negocios privados, y los protegen.
La treta es sencilla, aunque tan grosera y garbancera como cobrar en B. En los hospitales públicos son todos unos bondadosos doctores Jekyll, dotados de un sentido de la moral tan exquisito que les impide practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Como la ley les obliga —dura lex, sed lex—, alegan objeción de conciencia. Curiosamente, todos los médicos del departamento sufren el mismo problema moral, idéntico y simultáneo. ¿Y cuál es el resultado de esta pandemia ética que se propaga por los servicios de Ginecología y Obstetricia de nuestros hospitales? Que, como la operación no se puede hacer en la pública, lamentablemente hay que concertarla en una clínica privada.
Y ahí empieza la metamorfosis. A la hora de la comida, los doctores Jekyll se van a casa a engullir su potaje de garbanzos con bacalao (o sin él, si son veganos) y, por la tarde, reaparecen en la clínica privada. Al cruzar la puerta ya no son Jekyll, sino Hyde: los problemas de conciencia se han disipado y la misma señora que por la mañana era una paciente a la que miraban con displicencia es recibida con los brazos abiertos, en calidad de clienta que, ahora sí, tiene razón. Y en un pispás sale de la clínica sin su garbancito.
Es el curioso fenómeno de la conciencia anestesiada por la facturación. Facturación de la que, por supuesto, se hace cargo el erario público. Porque aunque la inmensa mayoría de las interrupciones del embarazo se hacen fuera de la red pública, la Comunidad de Madrid financia el 73% de ellas. Un sistema perfecto: el Estado paga, el médico cobra dos veces (una por objetar y otra por ser abierto de miras), el derecho se convierte en trámite administrativo y la elevada conciencia de nuestros galenos se transforma en una mercancía más, junto a las chocolatinas y las novelas de bolsillo del quiosco del hospital.
Así que, cuando Ayuso se niega a cumplir la ley que obliga a registrar a los médicos objetores, no lo hace por respeto a la conciencia de nadie. Lo hace para proteger el negocio que, entre unos y otros, han montado en el zoco en que están convirtiendo nuestro sistema sanitario. Si se publicaran esas listas, quedaría al descubierto que muchos de esos “objetores” son, en realidad, proveedores concertados: no se oponen al aborto, sino a perder frente a la sanidad pública el monopolio del aborto pagado por todos.
En el antipático Madrid de la libertad y los bares, de los bocatas de calamares y la oreja con salsa picante, el aborto no es pecado ni es derecho: es subcontrata. Y la conciencia, un extra de lujo que se cobra aparte.
Así que, señora mía, igual tenemos que irnos algunos a otro lado, no ya a abortar, sino a tener una vida digna.
Pero usted váyase a la mierda.
Y rapidito, si no es molestia.