Al margen de cualquier otra circunstancia política o legal, los policías que participaron en el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, con una discapacidad del 50 por ciento y que llevaba en el mismo piso 70 años sin haber dejado de pagar el alquiler ni un solo mes, así como la jueza que lo ordenó, e incluso el cerrajero si lo hubo —aunque me temo que la violencia policial fue tal que no hizo falta cerrajero alguno—, cometieron una grave falta moral. Y, en general, quienes participan en cualquier otro desahucio a todas luces injusto cometen también una grave falta moral.
La desobediencia a órdenes injustas es una obligación ciudadana, al margen de las consecuencias que pueda tener esa desobediencia. Que la ley nos vincule jurídicamente no nos exime de nuestra responsabilidad moral. Si desobedecemos, tendremos que asumir las consecuencias legales de hacerlo. Pero la obligación de obedecer la ley no nos libera de la obligación de decidir si aquello que hacemos es moralmente aceptable.
Conviene aclarar de qué hablo, porque no se plantea que cada ciudadano, policía o juez pueda decidir qué leyes le obligan y cuáles no. Mucho menos que un juez sustituya la Ley por su idea particular de la justicia. En democracia la Ley obliga a todo el mundo, también cuando no gusta e incluso cuando es injusta. Lo que digo es que no es la única obligación que tenemos. Hay otra, moral, personal e intransferible, y a veces las dos chocan. Cuando eso ocurre no desaparece ninguna: uno elige a cuál atiende. Y quien elige la conciencia no deroga la norma, no impide que se aplique a los demás ni reclama inmunidad para sí. Desobedece y luego responde ante la Ley, sin más escapatoria que su derecho a defenderse. Eso no destruye el Estado de Derecho ni convierte cada conciencia en un tribunal supremo.
Ya, pero ¿quién decide cuándo una ley o una orden es suficientemente injusta como para que exista ese deber moral de desobediencia? Cada cual. Es una decisión moral personal, porque todos y todas somos miembros legisladores en un reino de los fines —estupenda pedantería que me ha brotado de los dedos de manera espontánea— y, como todas las decisiones morales, puede ser acertada o equivocada. La sinceridad de quien actúa en conciencia no convierte automáticamente su conducta en buena. La conciencia no es infalible. Se me objetará —con razón— que eso nos acerca peligrosamente al relativismo moral. Pero que dos personas invoquen su conciencia para hacer cosas opuestas no significa que ambas tengan moralmente la misma razón. Es que el bien y la verdad existen. Los actos políticos y jurídicos, y todo aquello que deriva de ellos, pueden juzgarse por sus fines, por los derechos que protegen o lesionan y por principios morales que no dependen simplemente del capricho de quien actúa.
En el caso de Maricarmen, además, la cuestión parece bastante elemental: se está utilizando a una persona para optimizar unas ganancias económicas, en lugar de protegerla y reconocer su dignidad. Se la está tratando como un medio para alcanzar un fin y no como un fin en sí misma. Se están violando su dignidad y sus derechos, que además son valores jurídicos: la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y las normas internacionales que nos vinculan establecen garantías frente a los desalojos. En esa acción, quizás legal —aunque no la única legalmente posible—, participan quienes la promueven, pero también la jueza que la ordena y los policías que la ejecutan. Cada uno es responsable moralmente de sus propios actos y ninguno puede esconderse detrás de su función. Ni siquiera la jueza.
Hace años, por cierto, organizaciones sindicales y empresas de cerrajería anunciaron que no aceptarían encargos para desahucios. Exactamente de eso estoy hablando: de personas que, enfrentadas a un acto que consideran moralmente intolerable, deciden no participar en él y aceptan las consecuencias que esa decisión pueda tener para ellas. En este caso no estaríamos hablando exactamente de desobediencia civil, porque no sé hasta qué punto un cerrajero requerido para un desahucio tiene obligación de atenderlo, pero sí estamos hablando de renunciar a ganancias económicas por negarse a participar en un acto moralmente reprobable.
Yo mismo desobedecí hace años y me negué a ir a la mili. Mi desobediencia me llevó a uno de los terribles presidios de Felipe González y Margarita Robles. Y cuando me procesaron le dije esto mismo al juez: «Usted tiene la obligación ciudadana de desobedecer leyes injustas y absolverme, y no puede esconderse en su condición de juez». Me conminó a retractarme porque, de lo contrario, me acusaría de desacato. Ni me retracté ni me acusó, porque sabía que tenía razón. Y no porque la Ley hubiera dejado de obligarnos a ninguno de los dos, sino porque hay ocasiones en las que obedecerla puede tener un precio moral mayor que desobedecerla.