La cloaca no era una metáfora en el caso Dina, sino una realidad muy palpable. Era una cloaca con sus ratas, sus túneles, sus filtraciones y su pestazo inconfundible a policía patriótica haciendo horas extras para salvar a España de la inquietante amenaza de las urnas, que no dibujaban la España que el PP quería… A Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, le robaron el móvil, y todo lo que sus ladrones encontraron en él fue debidamente paseado por las alcantarillas habituales y por sus redacciones anexas, porque es una peculiaridad española, un hecho diferencial —que diría Pujoltresporciento— parte de nuestra idiosincrasia, que aquí, las alcantarillas, tienen redacciones. Estos días, precisamente, el comisario Villarejo, funcionario ejemplar y maestro de las sombras con jubilación dorada, al que ni de vista conocen, por supuesto —que no saben quién es, vamos, como Emepunto Rajoy—, personas como María Dolores de Cospedal o Ana Rosa Quintana, acaba de ser condenado a tres años y medio de cárcel por difundir material privado de aquel teléfono robado con la intención de desacreditar a Podemos y a Pablo Iglesias. Al final, como dicen los memos, el sistema democrático ha funcionado y una sentencia ha puesto a cada cual en su sitio: en concreto, a Villarejo condenado, aunque ya veremos si entra en la cárcel o finalmente le condecora un futuro desgobierno de la derecha.
Pero durante años el truco funcionó como un reloj suizo robado, que era lo que buscaban los policías y algún que otro juez instructor a sueldo del PP: le roban el móvil a una asesora de Podemos, usan su contenido para atacar a Podemos, y la derecha mediática —ese cuerpo de élite del periodismo de pulserita— cuadra el círculo de convertir a Pablo Iglesias, víctima política de la operación, en sospechoso. Primero te roban, luego te embadurnan en mierda y finalmente ponen cara de asco y disgusto al verte llegar y te preguntan por qué vas hecho un guiñapo y oliendo a podredumbre. Y como colofón, la fanfarria de los tertulianos genoveses, haciendo su paseíllo vestidos de azul y oro, azuzando a los patriotas de bandera bordada en el polo, a los catedráticos del «algo habrá hecho» y a los editorialistas de saldo. Todos muy serios. Todos muy constitucionales. Todos chapoteando felices en la Cloaca Máxima mientras nos explicaban, enmierdados hasta las cejas, que las cloacas son una fantasía paranoica de la izquierda radical.
El caso Dina fue un auténtico mapa de las cloacas de nuestra democracia carcomida, escrito en letra gótica y subrayado en fluorescente: se roba intimidad, se filtra basura, se fabrica sospecha, se cambia el foco, se convierte a la víctima en acusado y, cuando años después llega la condena, los mismos que hicieron coros al hedor miran al techo, silban una zarzuelita, descubren de pronto una urgentísima crisis en Venezuela, o quizás el resurgir de ETA, y pasan al siguiente linchamiento sin transición y, sobre todo, sin mirar atrás. Y es que España no tiene cloacas, no. Lo que tiene España es ratas con placa, ratas con toga, ratas con columna de opinión, ratas con micrófono y ratas con corbata explicándonos, con paguitas siempre públicas —pero ese es otro asunto—, que si la derecha no está en el gobierno, España se rompe.
Pero eso no es lawfare, claro está. Eso no existe. Eso, decían, era periodismo. Eso era Estado de derecho.
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