La democracia es un contrato entre muchos intereses contrapuestos y complementarios, compatibles e incompatibles, legítimos y espurios que llegan a un acuerdo de mínimos que establece los mecanismos de convivencia y arbitraje entre intereses sociales en una sociedad avanzada. Cuantos más intereses participan en dicho contrato, cuantos más intereses reconocen esos mecanismos pactados de arbitraje, más avanzada es la democracia. Pero si una parte significativa de esos intereses deja de respetar las reglas del juego y rompe el contrato, la democracia está muerta, y el resto de partes deben darse por aludidas si no quieren que se les lleve por delante el juego sucio desencadenado por la parte que ha decidido romper.
La democracia española está rota desde que el Partido Popular decidió que la mayoría política que se había creado inicialmente en torno a la herramienta constitucional, legal y legítima de la moción de censura, y que después fue revalidada en las urnas en 2019 y en 2023, no tenía legitimidad para sostener al Gobierno. La derecha española, en 2018, decide negarles legitimidad a las otras partes del contrato democrático que se materializa en la Constitución de 1978. Y no lo digo yo, que estoy «borroka», según advierten algunos de mis amigos de derechas y de izquierdas. Lo dijeron ellos mismos, por escrito y con taquígrafos.
Lo dijeron, de hecho, antes incluso de que la moción se votara. La mañana del 1 de junio de 2018, desde la tribuna del Congreso, el portavoz del PP, Rafael Hernando, dejó la doctrina fijada en el Diario de Sesiones: «esta moción de censura es un fraude»; «asuman que la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas y no en los pactos de los extraños en los despachos». Sánchez, decía, pretendía llegar a la Moncloa «por la puerta de atrás», y en la réplica remató la faena sosteniendo que nuestra Constitución no había sido pensada para que quienes perdieron las elecciones aspiraran a presidir el Gobierno. Es decir: el portavoz del partido que se proclama guardián de la Constitución negando desde la tribuna el artículo 113 de esa misma Constitución, el que regula la moción de censura que estaba a punto de votarse. Todo está en el Diario de Sesiones del Pleno número 127 de la XII Legislatura, con su número de página, para quien quiera comprobarlo. Aquella mañana Hernando cerró con una frase que, vista desde 2026, suena menos a lamento que a programa: «Hoy gana usted y pierde España».
Cinco meses después, aquella doctrina de urgencia ya había ascendido en el escalafón. El 29 de noviembre de 2018, en un acto de la campaña andaluza en Málaga, el flamante presidente del PP salido de las primarias de julio, Pablo Casado, tachó a Pedro Sánchez de «presidente ilegítimo» por «depender de los votos vergonzantes» de la moción de censura, y le despachó el ultimátum correspondiente: «O defiende a España o se va». La frase del pobre Pablo Casado tiene mucha enjundia y nos está diciendo dos cosas: la primera, que no reconoce legitimidad a un Gobierno formado de manera plenamente legal y democrática; pero la segunda es mucho más importante: no reconoce como legítimos los mecanismos políticos establecidos en la Constitución, y de ahí que califique de «vergonzantes» los votos de una moción prevista en el artículo 113 y activada, no lo olvidemos, por la sentencia de la Gürtel. Y no es un desliz ni un despiste: es la tesis de Hernando sostenida en el tiempo y elevada de rango, del portavoz al presidente del partido, de la tribuna del Congreso al mitin. A partir de ahí vino la campaña social, política, jurídica y propagandística, convenientemente amplificada por sus altavoces mediáticos, con la que trataron de convencer a la gente de que Sánchez era un presidente no votado y de que la moción de censura era un mecanismo antidemocrático, una especie de golpe de Estado.
Después, cuando el PSOE ganó las elecciones de 2019 y formó Gobierno de coalición —y de nuevo en 2023 cuando, sin ganarlas, volvió a articular una mayoría parlamentaria—, cambiaron un poco la tesis: ahora de lo que se trataba era de que el programa de gobierno no reflejaba al cien por cien el programa del PSOE, debido a que había tenido que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, y por lo tanto estaba traicionando a su electorado. Probablemente el PP fuera sincero en sus críticas —están en la línea de su tesis absurda de que gobierne por ley el partido más votado—, pero ello supone ignorar que España es una democracia parlamentaria, y que los gobiernos se forman en el Parlamento, mediante acuerdos —esa práctica democrática habitual que en España muchos y muchas, a derecha e izquierda, consideran traición— entre varias fuerzas políticas, llegando a un programa de gobierno que no es el de ninguno de sus integrantes. Lo acaba de hacer Bonilla en Andalucía, entregándole a Vox una vicepresidencia y la consejería de Justicia para asegurarse la investidura.
Con estas averiadas bases argumentales, el PP inició una forma de hacer oposición nueva en nuestra democracia: una oposición externa y rupturista que parte de la idea primigenia de que el Gobierno y la mayoría que lo sostiene no son legítimos. En un primer momento, por la vía de los «pactos de los extraños en los despachos» que denunciaba Hernando, y posteriormente porque la mayoría parlamentaria no atiende al cien por cien al programa electoral del PSOE que, al parecer y según el PP, era lo único que las urnas habían legitimado a aplicar al primer Gobierno de Pedro Sánchez. La consecuencia: una larga campaña —iniciada ya durante los gobiernos de Mariano Rajoy con la policía patriótica y su informe PISA— de sumarios y campañas judiciales y mediáticas contra determinados dirigentes, con el objetivo inicial de destruirlos políticamente —y, de paso, personalmente—, pero que, en la medida en que Vox iba tomando peso, fue encaminándose ya directamente a encarcelarlos.
¿Y por qué?
Bastante sencillo: la derecha quería parar la nueva ronda de mejoras sociales y de ensanchamiento democrático que se le venía encima.
A lo largo de estos casi ocho años en los que Pedro Sánchez ha presidido gobiernos progresistas —primero en solitario, después en coalición— ha habido avances económicos y sociales medibles. Pero, sobre todo, ha pasado algo absolutamente nuevo en España: la factura de las mejoras se ha girado para su abono a quienes están acostumbrados a cobrarlas.
Empecemos por el dinero. El salario mínimo ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.221 en 2026, un 66% de subida que pagan esta vez los mismos que llevan décadas explicándonos que subir los sueldos destruye empleo, mientras la afiliación a la Seguridad Social bate récords y el paro marca mínimos desde 2008. La reforma laboral de 2021 recortó la temporalidad, consolidó los ERTE y devolvió al contrato indefinido la condición de norma; es decir, desmontó el modelo de mano de obra barata y despedible sobre el que media España empresarial había construido un enriquecimiento ilícito. A la banca y a las energéticas se les pusieron impuestos con nombre y apellidos. Y la ley de vivienda vino a rozar el único dogma verdaderamente intocable de este país: la renta del propietario, razón por la cual el PP la boicotea activamente allí donde gobierna.
Sigamos por el Estado protector, que tanto enfada a quienes creen que no lo necesitan. El Ingreso Mínimo Vital y la revalorización de las pensiones conforme al IPC consolidaron la idea, insoportable para algunos, de que lo público está para sostener a la gente; las ayudas al transporte y las rebajas de la factura energética la remacharon en plena crisis de precios. Con los fondos europeos se financiaron la digitalización y la transición energética, se modernizó la Formación Profesional, se reguló el teletrabajo y se ampliaron derechos laborales. Y se renovó, por fin, el Consejo General del Poder Judicial, pese a las maniobras del PP para mantenerlo caducado y ultraconservador.
Y terminemos por lo que de verdad no perdonan, que, por cierto, no cotiza en bolsa: la ley de eutanasia, las reformas del aborto y de los derechos LGTBI, una agenda feminista situada en el centro de la acción de gobierno, la ley de memoria democrática y la exhumación de Franco. Es decir, la constatación de que el nacionalcatolicismo ya no dicta el perímetro moral de España. En lo territorial, la apuesta por la distensión ha desactivado el conflicto catalán hasta el punto de que hoy el PP puede permitirse decir —con la boca pequeña y por puro cálculo político— que pasa página sobre el procés. Y en política exterior, España ha reforzado su papel en la UE y ha reconocido al Estado de Palestina.
Podrán decirme ustedes que nio hace falta tanta teoría, que es hambre de poder de toda la vida, con el aliento de Vox en el cogote de Feijóo. Y es verdad, pero una cosa no quita la otra: se llega antes al poder deslegitimando al adversario, y se aplaca antes a Vox comprando su tesis de que el Gobierno no es un adversario, sino una anomalía criminal que hay que extirpar.
La reacción
Hasta aquí, una breve reseña de la magnífica obra de los gobiernos progresistas que la derecha pretende reducir, caricaturizar y deslegitimar como un pacto con ETA, el chavismo y Puigdemont. Pero lo cierto es que se ha dado una tercera vuelta de tuerca a la profundización democrática de España, y esto es lo que la derecha no perdona. Esto es lo que supusieron que venía al conformarse una mayoría parlamentaria con una amplia presencia de partidos a la izquierda del PSOE y el apoyo de Bildu y ERC. De ahí su contundente campaña contra la mera formación de la mayoría parlamentaria, negándole incluso los cien días de cortesía que cualquier democracia concede a un nuevo Gobierno. Al enemigo, ni agua; y para la derecha española, la izquierda es el enemigo.
Este es el contexto en el que hay que entender la campaña de acoso político, mediático y judicial que se desencadenó desde antes incluso de la formación de la mayoría progresista, durante los gobiernos de Rajoy, utilizando los medios del Estado para espiar a Podemos y fabricar pruebas falsas contra sus dirigentes —mientras la Kitchen demostraba, por cierto, para qué usa el PP esas mismas cloacas cuando el investigado es de los suyos—, y todo ello con el PSOE mirando para otro lado.
Muchos años después, esa campaña se ha extendido al resto de partidos de la coalición, y ahora está centrada en destruir judicialmente al PSOE. Y aquí conviene asentar las cosas: en el PSOE ha habido corrupción de la de toda la vida. Lo de Ábalos y Koldo tiene toda la pinta de ser exactamente lo que parece —una trama de comisionistas— y, si los tribunales lo confirman, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, que para eso está. Pero es precisamente ese caso real el que sirve de coartada a todo lo demás: a la instrucción errante contra Begoña Gómez, que cambia de delito cada vez que se le desmonta el anterior; a la causa contra David Sánchez por ser hermano de quien no debía serlo; al acoso a Zapatero… El truco es tan viejo como eficaz: se mezcla un caso con sustancia con una docena de causas sin ella para que todo huela igual, y se cuenta para el menester con jueces dispuestos a instruir titulares en lugar de delitos, aplicados a la consigna de Aznar: «el que pueda hacer, que haga».
Sacar al PSOE del sistema
Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Pues algo muy poco sofisticado: al aceptar llegar a acuerdos de gobierno con Podemos, Sumar, Bildu y ERC, el PSOE se ha colocado fuera del área que la derecha española considera la centralidad del sistema, el espacio en el que es legítimo moverse. Y, por lo tanto, hay que destruir al PSOE y dejarlo como una opción testimonial e irrelevante de cara a la formación de futuros gobiernos. Para llevar a cabo esa destrucción, esa recolocación del espectro político español, están tocando todos los resortes que tienen a su disposición, en especial los altos tribunales y buena parte de los medios de comunicación españoles. Y la obra culminará si, como hoy dicen las encuestas, ganan las elecciones de 2027. El problema es que a esas elecciones se llegará con el terreno de juego inclinado: el recuento será limpio, pero el ambiente político en el que se votará lo habrán conformado ellos a base de romper las reglas del juego democráticas. Y por si algo falla, ya andan agitando fantasmas de fraudes electorales organizados desde el gobierno.
La agenda PP/Vox
Si tras esas elecciones se hacen con el poder, PP y Vox pondrán en marcha una apisonadora política destinada a dejar la democracia española reducida a un armazón: la interpretación más conservadora y restrictiva posible de la Constitución. Y aquí no hace falta profetizar nada: basta con extrapolar lo que ya hacen allí donde gobiernan y lo que ya han dejado escrito.
Este es el escenario que su propia lógica dibuja, más o menos:
1.- Montarán instrucciones judiciales contra elementos representativos de todos los partidos de izquierdas y nacionalistas, acompañadas de las correspondientes campañas periodísticas. Van a destruir por esa vía a decenas de personas inocentes, como están haciendo ya con Begoña Gómez, David Sánchez o Zapatero, aunque el objetivo no son esas personas, sino sus partidos.
2.- Llevarán todos esos casos a juicio en busca de condenas ejemplarizantes, que utilizarán para desmantelar e ilegalizar partidos, contra los que realizarán campañas de propaganda y descrédito. No serán ilegalizados por sus ideas, sino por ser «organizaciones criminales», por sus tramas corruptas o por lo que haga falta, pero siempre dentro, al menos formalmente, del orden constitucional. Tampoco aquí hay que especular: la ilegalización de los partidos separatistas figura, literalmente, en el programa de Vox.
3.- Domesticarán al PSOE apoyando a un Madina o a un Page. Felipe González será aclamado como presidente de honor de un partido convertido en residuo histórico, cuyo papel será, a lo sumo, el de bisagra en el nuevo bipartidismo: PP a la izquierda y Vox a la derecha.
4.- Por supuesto, evitarán cualquier salida europea para Sánchez empapelándolo en causas judiciales, con la prisión como meta final para él y para su mujer. Tampoco esto es profecía: es el manual que se aplicó a Lula en Brasil —inhabilitación y cárcel primero y, años después, la anulación de unas condenas que ya habían cumplido su función, que era sacarlo de unas elecciones que iba a ganar—.
5.- Se ahogará económica y judicialmente a toda la prensa a la izquierda de El País y la SER, que ya están sometidos. Cabeceras como elDiario.es tienen los días contados, y no digamos lo que haya a su izquierda. Un partido que ya veta a periodistas incómodos en sus actos no necesita explicarnos qué entiende por libertad de prensa.
Para desmantelar la democracia no hace falta una reforma constitucional: basta con «demostrar» judicialmente que todos los partidos políticos de izquierdas y nacionalistas son tramas delictivas, y esa demostración ya está en marcha.
Todo ello irá acompañado del endurecimiento, hasta el límite constitucional, de la represión de las manifestaciones —Rajoy ya enseñó el camino con la ley mordaza— y de las restricciones a la libertad de expresión, además de la aplicación del programa de Vox —el partido fuerte de la coalición— en inmigración, derechos sociales, igualdad, etcétera.
La izquierda avestruz
¿Y cuál es la actitud de la izquierda en este clima de ruptura evidente de las reglas democráticas por parte de PP y Vox? Pues nada, a verlas venir. No se dan por aludidos. Se comportan como si la democracia estuviera intacta: hacen sus primarias, organizan sus debates, dan corteses respuestas parlamentarias a los grotescos portavoces de la derecha, hacen sus grandes manifestaciones —ahí hacen bien: en las instituciones donde Vox ya manda, las banderas arcoíris se retiran de los balcones, así que hagan ustedes cuentas de lo que le espera al Orgullo con Abascal en el Consejo de Ministros—, pero nada de una respuesta contundente.
¿Ustedes creen que hay alguien investigando a Feijóo y Abascal para sacar a la luz todo lo que no quieren que se sepa? ¿Ustedes creen que hay alguien investigando a los jueces corruptos que acosan judicialmente a personajes destacados de la izquierda? ¿Ustedes creen que hay alguien tratando de averiguar cuáles son los intereses y los negocios de los expresidentes del Gobierno González, Aznar y Rajoy? Ya les digo yo que no.
La izquierda está, lisa y llanamente, paralizada, como si todo esto fuera el funcionamiento normal de la democracia, con la cabeza metida bien profunda en la arena, para no ver la apisonadora que se le viene encima, conducida por Abascal, con Feijóo como patético copiloto.